El IMPI empezó a moverse. Ahora falta saber si puede sostenerlo.
El IMPI parece estar operando mejor: emite oficios más rápido, destraba expedientes y actúa con mayor presencia pública. La pregunta no es si puede acelerar, sino si puede sostener esa velocidad sin sacrificar criterio.
Hay algo extraño en cambiar de opinión sin abandonar las razones que uno tuvo para pensar lo contrario.
Hace un tiempo escribí con bastante escepticismo sobre la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. No me preocupaba únicamente el texto legal. Me preocupaba, sobre todo, su ejecución institucional. La ley parecía exigir una velocidad que el IMPI no necesariamente estaba en condiciones de sostener. Plazos más estrictos, nuevas figuras, más presión operativa, mayor carga técnica y una expectativa pública de eficiencia que no se decreta por reforma legislativa.
Mi duda era sencilla: una autoridad puede recibir nuevas obligaciones, pero no recibe automáticamente más examinadores, mejores sistemas, criterios más sólidos ni capacidad material para resolver expedientes complejos con mayor calidad.
Esa crítica sigo considerándola válida.
Pero también sería intelectualmente deshonesto no reconocer algo que estoy viendo en la práctica: el IMPI parece estar operando mejor.
No lo digo como elogio institucional. Lo digo con la cautela de quien revisa expedientes todos los días y empieza a notar que algunas cosas dejaron de moverse al ritmo anterior.
La crítica original no era contra la velocidad
Nunca me ha parecido problemático que el sistema mexicano de propiedad industrial aspire a ser más rápido. Al contrario. Durante años, buena parte de la práctica ante el IMPI ha consistido en administrar esperas, esperar oficios, esperar resoluciones, esperar que un expediente saliera de una zona de inactividad administrativa.
El problema no era la promesa de celeridad.
El problema era creer que la celeridad, por sí sola, resolvía el sistema.
Mi crítica a la reforma partía de una sospecha práctica: si se presiona demasiado a una institución sin modificar sus condiciones internas, la respuesta puede no ser mejor derecho, sino derecho más rápido y más frágil. En marcas, eso podría traducirse en criterios apresurados. En patentes, en oficios menos finos. En procedimientos contenciosos, en resoluciones más vulnerables. En general, en una administración obligada a cerrar expedientes antes de haberlos estudiado correctamente.
La velocidad es deseable cuando es consecuencia de capacidad. Es peligrosa cuando sustituye a la capacidad.
No son lo mismo.
Lo que estoy viendo en expedientes
Dicho eso, algo cambió.
Desde la reforma, he visto oficios emitidos con una rapidez que no era habitual. He visto concesiones de patente llegar apenas días después de contestar oficios de fondo. He visto registros de marca que llevaban tiempo rezagados finalmente concedidos. He visto expedientes que antes parecían detenidos entrar de pronto en una dinámica más activa.
No se trata de un caso aislado. Tampoco diría todavía que es una transformación estructural. Pero la diferencia es visible.
Hay menos tiempos muertos.
Hay señales de una autoridad que está empujando expedientes hacia adelante.
En trámites marcarios, la actividad parece más constante. En avisos de declaración de uso y renovaciones, también se percibe una intención de ordenar, depurar y mover cargas pendientes. Incluso la interacción con ciertos actos administrativos parece menos estática que antes.
Esto importa porque la experiencia ante el IMPI no se define únicamente por la ley. Se define por el expediente concreto, por el oficio que llega o no llega, por la resolución que aparece cuando ya nadie esperaba movimiento, por la plataforma que funciona lo suficiente para permitir avanzar o por la respuesta que deja de sentirse indefinidamente diferida.
Quien litiga o tramita propiedad industrial sabe que la salud de una institución se mide en la eficiencia pero sobre todo en la calidad de sus resoluciones y durante mucho tiempo, el silencio administrativo fue una forma cotidiana de desgaste.
Hoy, al menos en ciertos frentes, ese silencio parece haberse reducido.
No desapareció. Pero se redujo.
El IMPI en la calle
El cambio no se está viendo solo en ventanilla.
También hay una presencia pública más agresiva del IMPI en materia de observancia. Se han reportado operativos contra mercancía apócrifa, acciones preventivas vinculadas a eventos masivos y una preparación más visible rumbo al Mundial 2026. La cobertura reciente documentó operativos relacionados con mercancía no oficial en torno al concierto de BTS, así como una estrategia de protección de marcas y combate a piratería asociada a FIFA y al Mundial. Esa dimensión conecta con los riesgos de ambush marketing en México y con la necesidad de revisar campañas bajo una lógica de marketing legal para el Mundial 2026.
Ese dato no es menor.
Durante años, una crítica recurrente al sistema mexicano de propiedad industrial fue que el registro y la observancia caminaban en velocidades distintas. Registrar podía ser lento, pero hacer valer el derecho podía ser todavía más frustrante. La autoridad reconocía derechos, pero su capacidad para insertarlos en el mercado real era limitada, intermitente o demasiado dependiente del impulso del particular.
Ahora se percibe otra disposición.
No necesariamente una solución. Pero sí otra disposición.
El IMPI parece querer ocupar espacio público, quiere ser visto, quiere mandar señales, quiere decir que la propiedad industrial no termina en la expedición de un título, sino que también tiene consecuencias frente al comercio informal, los eventos masivos, los patrocinadores oficiales, la piratería y el uso oportunista de signos distintivos.
Eso puede ser relevante, especialmente en el contexto del Mundial 2026. El torneo no solo pondrá a prueba estadios, seguridad, turismo y logística urbana, también pondrá a prueba el sistema mexicano de observancia de derechos.
Y ahí la pregunta se vuelve más seria: ¿estamos viendo una política institucional sostenible o una intensificación coyuntural provocada por el calendario?
La mejora todavía no es una prueba superada
Conviene no precipitarse.
Una institución puede mejorar durante un periodo inicial de presión política, puede liberar rezagos, concentrar recursos en expedientes visibles, aumentar operativos cuando existe una agenda internacional encima, puede producir una sensación de eficacia durante meses sin que eso signifique que resolvió sus problemas.
La verdadera pregunta no es si el IMPI puede acelerar.
La pregunta es si puede sostener esa aceleración sin deteriorar la calidad de sus decisiones.
Porque la velocidad tiene un costo cuando no se administra bien. En propiedad industrial, una resolución rápida pero débil puede ser peor que una resolución lenta. La primera obliga al particular a litigar, a corregir, a impugnar, a reconstruir el expediente fuera de sede administrativa. La segunda desgasta, sí, pero no necesariamente introduce un error nuevo al sistema.
El punto no es defender la lentitud, cualquiera sabe que la lentitud también daña, cuesta y también puede ser una forma de denegación práctica de justicia administrativa.
El punto es otro: la rapidez solo se convierte en virtud si viene acompañada de criterio.
En patentes, eso significa exámenes de fondo técnicamente sólidos. En marcas, criterios consistentes sobre distintividad, confundibilidad, descriptividad o mala fe. En observancia, medidas que no se limiten al golpe visual del operativo, sino que se integren a procedimientos capaces de resistir una revisión, defensa y eventual judicialización.
La mejora operativa es bienvenida.
Pero todavía no sabemos si es una mejora a profundidad o solo superficial.
Tal vez el problema nunca fue solamente la ley
Hay una pregunta incómoda detrás de todo esto.
Durante años hemos discutido reformas, reglamentos, plazos, procedimientos, armonización con tratados y estándares internacionales. Todo eso es importante, la arquitectura normativa importa, un mal diseño legal puede convertir una buena intención en un problema permanente. Por eso también importa leer la reforma junto con el nuevo Reglamento de la LFPPI frente al RLPI de 1994 y con la crítica previa al traje normativo que no terminaba de ajustarse.
Pero la práctica suele recordarnos algo más elemental, que muchas veces el destino de una ley depende menos de su elegancia técnica que de la capacidad de la institución que debe aplicarla.
Quizá parte del problema mexicano en propiedad industrial nunca fue solo la ley.
Quizá fue la ejecución.
O, mejor dicho, quizá fue la distancia entre una ley que prometía derechos y una autoridad que no siempre podía convertirlos en decisiones oportunas, claras y ejecutables.
Si el IMPI logra ahora mover expedientes con mayor rapidez, actuar con más presencia y reducir inercias internas, entonces la discusión cambia. Ya no bastaría decir que la reforma era deficiente. Habría que aceptar que una autoridad con conducción, presión interna y prioridades claras puede producir efectos prácticos incluso dentro de un marco normativo imperfecto.
Pero no nos confundamos, esa aceptación no elimina la crítica.
La vuelve más exigente.
Porque si la institución demuestra que puede moverse, entonces la vara sube. Ya no podrá justificarse tan fácilmente en la inercia histórica, no podrá decir que todo rezago es inevitable y no podrá esconderse detrás de la complejidad del sistema.
Una autoridad que se acelera también se expone.
El momento en que sabremos si esto era real
Por ahora, mi postura es deliberadamente incómoda: sigo creyendo que la reforma tiene riesgos importantes, pero también creo que el IMPI está mostrando una capacidad de reacción mayor a la que esperaba.
No necesito convertir eso en entusiasmo.
Me basta reconocerlo.
El sistema parece estar respirando distinto, pero la verdadera prueba no está en los primeros meses de aceleración.
La verdadera prueba llegará cuando aumenten los conflictos complejos, cuando los plazos legales empiecen a convivir con expedientes técnicamente difíciles, cuando los particulares impugnen resoluciones emitidas bajo presión, cuando los operativos deriven en procedimientos largos o cuando el Mundial 2026 obligue a distinguir entre protección legítima de derechos, exceso administrativo, economía informal, ambush marketing, usos culturales y oportunismo comercial.
Ahí veremos si el IMPI solo aprendió a correr o si también fortaleció su forma de decidir.
Y por eso la situación actual merece una lectura matizada pues no estamos ante una reivindicación plena de la reforma, tampoco ante la confirmación de todos los temores. Estamos en una zona intermedia, más interesante y más difícil: la de una institución que parece estar funcionando mejor, sin que todavía sepamos si ese funcionamiento es estable, profundo y jurídicamente confiable.
Quizá el traje empezó a ajustarse.
Quizá solo lo están jalando con fuerza para que parezca que queda.
La diferencia no se verá en el discurso. Se verá en las costuras.
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