¿Qué es la publicidad registral en patentes? IMPI, COFEPRIS y la contradicción del Estado

El reconocimiento de un derecho de propiedad industrial por parte del Estado constituye uno de los actos jurídicos de mayor trascendencia en la configuración de los mercados contemporáneos y en el fomento sostenido de la innovación tecnológica. Sin embargo, la hermenéutica jurídica tradicional y la práctica administrativa han tendido a aislar este fenómeno de su contexto sistémico, reduciéndolo de manera preocupante a la simple expedición de un título que confiere un monopolio temporal de explotación. Bajo esta óptica restrictiva, el debate central del derecho de patentes parece agotarse en el análisis técnico del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad —novedad, actividad inventiva y aplicación industrial— y en la posterior emisión formal del reconocimiento por parte de la autoridad competente. No obstante, esta aproximación omite una dimensión material que resulta fundamental para la supervivencia del Estado de Derecho en el ámbito económico:

El problema subyacente no radica únicamente en el reconocimiento formal y aislado de una patente, sino en la flagrante contradicción que surge cuando el propio Estado que registra y publicita un derecho, posteriormente actúa a través de sus diversas agencias regulatorias como si dicho derecho no existiera.

La publicidad registral en materia de patentes ha sido progresivamente despojada de su relevancia en el debate jurídico, asumiéndose por operadores y reguladores como un mero trámite de notificación pasiva o un simple repositorio de información técnica.

La publicidad registral constituye la piedra angular sobre la cual se erige la previsibilidad jurídica, la coherencia institucional y la protección frente a la arbitrariedad de los poderes públicos.

Cuando una invención, tras superar el escrutinio de fondo, ingresa a la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se está meramente archivando un expediente técnico en el acervo histórico de la nación; se está emitiendo una declaración con efectos materiales absolutos que organiza expectativas jurídicas legítimas y condiciona de manera ineludible la actuación de todos los agentes del mercado, incluyendo, de manera vinculante, al propio aparato estatal.

El deterioro de la confianza jurídica, un fenómeno cada vez más recurrente en arquitecturas administrativas complejas, se materializa precisamente en la disonancia y contradicción administrativa. Si una entidad del Estado otorga, certifica y dota de publicidad a un derecho de exclusividad, y simultáneamente otra agencia del mismo Estado emite normas generales, autorizaciones regulatorias o autorizaciones de comercialización que facilitan, propician o directamente ignoran dicho derecho, se produce una contradicción directa. En este escenario, la publicidad registral en patentes deja de ser una garantía estructural para el inventor y la sociedad, convirtiéndose en una formalidad estéril, un ornamento burocrático incapaz de dotar de verdadera seguridad jurídica objetiva a sus titulares.

Conviene precisar, desde el umbral mismo de este estudio, que la patología descrita no se agota en un único mecanismo administrativo. La contradicción del Estado consigo mismo puede manifestarse en una pluralidad de actos: en acuerdos generales que determinan el tipo de prueba exigible para demostrar la intercambiabilidad de medicamentos genéricos respecto de un innovador todavía protegido por patente; en bases de licitación pública que adjudican a terceros la provisión de productos cuya explotación comercial invade reivindicaciones vigentes; en autorizaciones de importación o de comercialización emitidas con desconocimiento del registro; en normas oficiales mexicanas que regulan especificaciones técnicas asociadas a invenciones patentadas; e incluso en criterios interpretativos de autoridades fiscales o aduaneras que prescinden del derecho de exclusividad publicado. Todos estos actos comparten una estructura común: una dependencia del Estado actúa como si no existiera el derecho que otra dependencia del mismo Estado registró, calificó y publicó con efectos materiales. No obstante esta amplitud fenomenológica, el presente análisis circunscribe deliberadamente su objeto al sistema de vinculación o linkage farmacéutico entre el IMPI y la COFEPRIS, por tratarse del paradigma más documentado, litigioso y dogmáticamente desarrollado en la experiencia mexicana, y por permitir una ilustración clara de cómo la fragmentación administrativa devora la función sistémica del registro. Las conclusiones teóricas que aquí se sostienen, sin embargo, son extrapolables a cualquier escenario en que el Estado, escudado en la fragmentación de sus competencias, desconozca los efectos materiales de un derecho publicado.

El propósito del presente análisis es desarrollar una teoría sustantiva, profunda sobre la función material de la publicidad registral en el sistema de patentes, desvinculándola de su acepción puramente informativa e insertándola en la teoría general del derecho administrativo y registral. Se postula, como tesis central, que la inscripción y publicación registral constituye una garantía estructural insustituible de previsibilidad jurídica, coherencia estatal, oponibilidad material y protección de expectativas legítimas. Cuando el Estado, escudado en la fragmentación de sus competencias internas, desconoce o debilita los efectos materiales de aquello que él mismo registra y publica, no solo vulnera un derecho patrimonial de carácter particular, sino que compromete gravemente la función sistémica del registro público, corrompe el principio imperativo de interdicción de la arbitrariedad y genera un daño estructural en el andamiaje del sistema jurídico que sostiene el desarrollo económico y científico.

II. ¿Por qué es un error concebir el registro de patentes como un archivo administrativo?

Para comprender la magnitud de la crisis que enfrenta la publicidad registral en el derecho de patentes, es necesario realizar un ejercicio de derecho comparado interno, observando cómo operan instituciones análogas en el derecho patrimonial privado. En el derecho civil y, de manera particular, en el ámbito inmobiliario, la teoría registral ha alcanzado un alto grado de sofisticación. Resulta incuestionable para cualquier jurista que el registro de la propiedad no existe con el propósito singular de archivar documentos históricos o llevar un censo pasivo de la riqueza territorial, sino con la finalidad intrínseca de dotar de oponibilidad, certeza, inatacabilidad y estructura a las relaciones jurídicas. La propiedad privada, cuya definición ha evolucionado desde los conceptos romanos del dominium est ius utendi, fruendi et abutendi re sua, requiere de un sistema de publicidad que expulse la clandestinidad del tráfico jurídico. Sin embargo, al trasladar el análisis al derecho de la propiedad industrial, y específicamente a los complejos sistemas de concesión de patentes, prevalece una visión notablemente reducida, mecanicista y administrativista del registro.

Esta visión concibe al registro de patentes, administrado por las oficinas nacionales, como un repositorio inerte de expedientes, un catálogo técnico que cumple una función predominantemente taxonómica y probatoria de fecha cierta.

Esta idea equivocada de la publicidad registral como un fenómeno puramente informativo desvirtúa la esencia misma de la estructura de los derechos de exclusiva. La doctrina registral exige distinguir de manera tajante entre la publicidad formal y la publicidad registral material. Mientras que la publicidad formal se constriñe al simple derecho de acceso a la información contenida en los asientos y tomos registrales, la publicidad registral material alude a los efectos sustantivos, presuntivos e inmediatos que la ley atribuye imperativamente a lo inscrito, estructurándose sobre la base del principio de cognoscibilidad general. En otras palabras, la publicidad registral material no se limita a hacer saber una situación de hecho; su verdadera y profunda función es hacer oponible una situación de derecho. Representa una garantía estructural e institucional del conocimiento público que legitima de manera activa al titular registral y, de forma recíproca, previene e imposibilita la alegación de ignorancia por parte de terceros, evitando así un nivel de ineficacia en el tráfico jurídico patrimonial.

Concebir el registro de patentes como un mero archivo implica vaciarlo de su contenido dogmático y despojarlo de su fuerza transformadora. La diferencia epistemológica es vasta: un archivo recibe información, la clasifica y la conserva de manera pasiva; un registro jurídico, en su acepción institucional profunda, recibe información, la somete a un riguroso proceso de calificación bajo un estándar de legalidad estricto, la publica y, mediante ese acto de publicación, altera y transforma la realidad jurídica preexistente.

El registro de patentes no es un espejo pasivo del derecho, sino una infraestructura viva de coordinación que organiza y disciplina la conducta económica y las expectativas regulatorias de una sociedad en torno a la innovación. Cuando una oficina nacional de propiedad industrial, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), publica el otorgamiento de una patente mediante su inserción en la Gaceta de la Propiedad Industrial, está delimitando las fronteras mismas del mercado. Está estableciendo un perímetro invisible pero jurídicamente impenetrable de exclusividad, que impone deberes de abstención absolutos no solo a los particulares, sino a todas las entidades que componen la estructura estatal.

La dicotomía entre el registro como archivo y el registro como estructura de coordinación jurídica evidencia el vacío teórico que permea el derecho administrativo sancionador y regulatorio en materia de propiedad industrial. En la configuración estructural que aquí se defiende, la publicidad registral material en materia de propiedad intelectual no es un accesorio contingente del sistema, ni una formalidad secundaria; es la condición sine qua non de posibilidad para la existencia de un mercado ordenado, predecible y justo.

El acto de publicación registral extrae el derecho de exclusividad, antes inmerso en el ámbito de la secrecía y el dominio privado del inventor, y lo proyecta a la esfera pública, convirtiéndolo en un hecho jurídico innegable.

III. Publicidad registral y función sistémica del Estado

Para comprender la verdadera magnitud de la publicidad registral en el derecho de patentes y elevar el discurso por encima de los manuales prácticos, es imperativo trascender la relación bilateral clásica —y a menudo miope— entre el Estado soberano que otorga el título y el particular que lo recibe. El derecho registral contemporáneo nos enseña que la publicidad registral ostenta una dimensión institucional profunda que la vincula de manera indisoluble con la función sistémica del Estado moderno. En este nivel de análisis superior, entran en juego de manera simultánea los binomios jurídicos inseparables de publicidad-oponibilidad, publicidad-legitimación y, fundamentalmente, publicidad-garantía.

La teoría de la fe pública registral, si bien fue concebida y desarrollada originariamente en el seno de la dogmática civil e inmobiliaria del siglo XIX, encuentra un eco insoslayable, directo y teóricamente necesario en el ámbito de la propiedad industrial.

La doctrina clásica advertía que la fe pública registral constituyó el diseño estructural para asegurar el tráfico de bienes. De manera homóloga, la fe pública en el registro de patentes implica que el Estado, a través de sus agencias especializadas, dota de una presunción de exactitud, validez y novedad a lo inscrito. Esta presunción produce efectos sustantivos, materiales y procesales inmediatos que mejoran irremediablemente la posición del titular registral, haciendo público el contenido sustantivo e inalterable del asiento y dificultando la prueba en contrario.

La inscripción registral constituye, por tanto, la manifestación más acabada de la voluntad de protección estatal; es el instrumento dogmático a través del cual el aparato público asume la responsabilidad ineludible de garantizar que una determinada situación jurídica, calificada y publicada, será respetada erga omnes.

Sin embargo, el corolario más crítico de esta teoría, y a menudo el más frecuentemente ignorado en la praxis de la administración pública latinoamericana, es que el registro no solo despliega su eficacia vinculando a los particulares entre sí en el entorno competitivo del libre mercado. De manera primordial y originaria, la publicidad registral condiciona y subordina la actuación coherente del propio aparato estatal. La teoría del registro concebido como un instrumento de coordinación administrativa sugiere enfáticamente que todos los registros públicos —incluidos los de carácter industrial, mercantil y de control sanitario— no son independientes, sino que deben obedecer a causas comunes y directrices superiores que son la expresión pura de la actuación unitaria del Estado.

El derecho administrativo contemporáneo postula, como uno de sus axiomas fundacionales, el principio de unidad de actuación de la administración pública. Según este principio rector, el Estado, a pesar de su vasta y compleja organización interna dividida en secretarías, ministerios, comisiones, institutos y fiscalías, sigue siendo, desde el punto de vista del derecho público y frente al ciudadano, un único ente. Por lo tanto, su actuación no puede ser arbitraria ni contradictoria. El principio de unidad de actuación exige que, independientemente de la autonomía técnica que posean ciertas dependencias, exista una cohesión teleológica en el ejercicio del poder público.

La dimensión institucional del registro exige, a la luz de este principio, que aquello que la rama especializada en propiedad industrial reconoce, certifica y publica como una patente válida y vigente, sea forzosamente asimilado, acatado y respetado por la rama encargada del control sanitario, por la rama responsable de las contrataciones públicas y por el ministerio público encargado de perseguir los delitos. Cuando el propio Estado, a través de una de sus dependencias autónomas o desconcentradas, adopta resoluciones administrativas que ignoran frontalmente los efectos materiales de una patente válidamente inscrita en el registro que otra de sus dependencias administra, se vulnera irreparablemente la función sistémica del registro.

IV. ¿Qué es la dimensión material de la oponibilidad?

El concepto de oponibilidad constituye uno de los bastiones más sólidos de la teoría general del derecho. La noción teórica de la oponibilidad se define, en términos clásicos, como la capacidad jurídica conferida a un sujeto para hacer valer un derecho o una situación jurídica frente a todos los demás individuos que componen la sociedad. En el ámbito primigenio de los derechos reales y la propiedad corpórea, tradicionalmente se ha concebido la oponibilidad como el ejercicio de un poder directo e inmediato sobre un bien tangible, cuya existencia física y jurídica no puede ser válidamente ignorada por terceros. Sin embargo, al transpolar este concepto al derecho de patentes, la dimensión material de la oponibilidad adquiere matices de extrema abstracción y complejidad. El objeto de protección es inmaterial —una solución técnica a un problema técnico— y, a diferencia de la posesión de una parcela de tierra, su explotación está fuertemente mediatizada, intervenida y condicionada por redes de regulaciones administrativas adicionales, particularmente de carácter sanitario, ambiental y comercial.

Los efectos prácticos de la publicidad registral material en este terreno consisten, fundamentalmente, en trasladar el derecho de exclusividad desde la abstracción teórica hacia la dura realidad económica y procedimental del mercado. A través de la inserción de la concesión en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) —o su equivalente en cualquier jurisdicción— emite un acto de autoridad dotado de imperio que materializa y visibiliza la oponibilidad.

No obstante lo anterior, el análisis jurídico de la oponibilidad queda irremediablemente inservible si se limita exclusivamente a las relaciones horizontales entre competidores comerciales privados. El impacto sobre los entes reguladores y sobre el marco mismo en el que se asientan los mercados es el epicentro donde verdaderamente reside el núcleo de la problemática moderna. La teoría integral de la oponibilidad registral postula que los actos válidamente inscritos y dotados de publicidad material deben surtir plena e inobjetable eficacia tanto en las relaciones entre particulares como ante los tres poderes del Estado. Es decir, la oponibilidad debe entenderse en una doble dimensión: horizontal, frente a competidores, y vertical, frente a las autoridades del Estado. El ente regulador, trátese de una agencia de salud o de una comisión de comercio, no es un espectador ajeno a la oponibilidad de la patente; es el primer sujeto pasivo de ese derecho, obligado a conformar su actuación administrativa, de manera estricta, a la verdad jurídica que emana del registro.

La oponibilidad pierde por completo su sentido, su justificación y su eficacia práctica si otras esferas de autoridad del mismo Estado pueden actuar con absoluta displicencia, ignorando los efectos materiales del registro. De muy poco, o nada, sirve a un inventor titular contar con un título de patente, blindado por la presunción constitucional de validez registral, si una agencia gubernamental distinta, operando bajo otra ley, autoriza a un tercero a comercializar el producto idéntico protegido, proporcionándole el vehículo legal administrativo indispensable para perfeccionar la infracción en el mercado.

V. IMPI, COFEPRIS y la contradicción administrativa

Para ilustrar la vulneración de la función sistémica del registro y la anulación fáctica de la oponibilidad material en el ámbito vertical, no existe en la experiencia jurídica reciente un paradigma más revelador, complejo y litigioso que el sistema de vinculación o linkage farmacéutico operante en México. Este mecanismo administrativo de comunicación originalmente introducido al sistema jurídico mexicano en el artículo 167 Bis del Reglamento de Insumos para la Salud (RIS), y el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y actualmente en el último párrafo del artículo 162 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, establecido en el marco normativo para coordinar los esfuerzos entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el IMPI, fue diseñado conceptualmente de manera precisa con el fin de armonizar el otorgamiento de registros sanitarios para medicamentos alopáticos con el respeto irrestricto a los derechos de propiedad industrial vigentes.

El sistema de vinculación opera, en el plano de la teoría regulatoria, a través de la articulación de dos instrumentos formales de publicidad registral: por un lado, la histórica Gaceta de la Propiedad Industrial administrada por el IMPI, que publicita el derecho sustantivo; y por el otro, una publicación derivada y especializada conocida comúnmente como la Gaceta de Medicamentos, en la cual se publican y asocian las patentes vigentes directamente relacionadas con sustancias o ingredientes activos de medicamentos alopáticos. La lógica dogmática y procedimental subyacente a esta base es, a primera vista, irreprochable en su formulación conceptual: cualquier competidor de la industria de genéricos que pretenda obtener un registro sanitario para comercializar un fármaco debe demostrar a la autoridad de salud que su solicitud no invade ni transgrede los derechos amparados por las patentes listadas y publicadas con efectos materiales. Se trata de un mecanismo de tutela preventiva administrativa puro.

Sin embargo, el abordaje del presente análisis no busca limitarse a una mera descripción exegética o procedimental del funcionamiento ideal de este sistema. El propósito es realizar un escrutinio profundo y estructural de cómo opera, en la realidad administrativa, la contradicción estatal y cómo esta devora la institución registral. En la praxis diaria, el IMPI y la COFEPRIS han funcionado históricamente como silos administrativos impenetrables, respondiendo a lógicas normativas, presiones del mercado, urgencias de salud pública y tiempos políticos incompatibles.

Es justo reconocer los recientes esfuerzos institucionales por mitigar esta fractura: el Acuerdo de Colaboración Técnica entre el IMPI y la COFEPRIS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2025, y la habilitación, en 2026, del Portal del Sistema de Vinculación IMPI-COFEPRIS, que centraliza en una sola plataforma pública el acceso a registros sanitarios, oposiciones de terceros, patentes próximas a expirar, la gaceta de patentes asociadas a medicamentos alopáticos y los oficios de respuesta entre ambas autoridades. No obstante, estos avances —si bien plausibles desde la perspectiva de la transparencia y la trazabilidad regulatoria— operan sobre un diseño institucional todavía insuficiente: la coordinación se instrumenta mediante cooperación técnica y publicidad agregada, no mediante una verdadera unidad de actuación jurídicamente vinculante entre ambas autoridades. Esta desconexión genera, de manera inevitable, señales regulatorias radicalmente incompatibles frente al gobernado pues, mientras el IMPI certifica, evalúa rigurosamente y da publicidad material a un derecho de exclusividad legítimo recompensando el esfuerzo inventivo, la COFEPRIS puede —ya sea por fallas operativas en el sistema de vinculación, por omisiones en la actualización del listado de la Gaceta de Medicamentos, o por interpretaciones jurídicas restrictivas e independientes de la autoridad sanitaria— otorgar autorizaciones de comercialización a terceros.

Adicionalmente, la omisión del IMPI al negarse arbitrariamente a publicar determinadas categorías de patentes en la Gaceta de Medicamentos, escudándose en interpretaciones literales del reglamento; o la omisión administrativa de COFEPRIS frente a una patente válidamente inscrita en la Gaceta de la Propiedad Industrial y del conocimiento público, no constituyen meros errores técnicos subsanables. Representan una tensión institucional insalvable entre el registro que consagra y publicita materialmente el derecho de propiedad y la autorización sanitaria que posibilita la explotación comercial lesiva.

Cuando COFEPRIS, carente de la coordinación debida, emite un registro sanitario para un producto genérico que se encuentra cubierto por las reivindicaciones de una patente vigente otorgada por el IMPI, el Estado mexicano se está contradiciendo.

Esta contradicción institucional produce un debilitamiento de la certeza jurídica que trasciende por mucho las pérdidas económicas del caso particular. En un sistema que exhibe de manera crónica esta patología procedimental, el registro central de patentes queda desprovisto de su capacidad inherente para coordinar el mercado de manera justa, pues el mayor incentivo para la infracción comercial a gran escala es proporcionado, facilitado y administrativamente validado por una rama de la propia administración pública federal.

El linkage farmacéutico se convierte así, tristemente, en un escenario de conflicto recurrente donde la eficacia coordinadora del registro público y la cohesión teleológica del Estado fracasan rotundamente, demostrando empíricamente cómo la fragmentación administrativa limita el valor material de la publicidad registral, y deja al inventor en un inaceptable estado de desprotección.

VI. Publicidad registral, confianza legítima y seguridad jurídica

La contradicción administrativa expuesta en los apartados anteriores no solo genera dolorosas ineficiencias de mercado y desincentiva la inversión en investigación y desarrollo; atenta de manera directa contra los pilares del derecho administrativo y de la teoría general del Estado de Derecho. Uno de estos principios fundamentales es el principio de protección a la confianza legítima, instituido históricamente y desarrollado con gran profundidad analítica en el derecho público alemán bajo la figura del Vertrauensschutz. Este principio ha sido progresivamente asimilado e incorporado por los sistemas jurídicos y tribunales constitucionales latinoamericanos como una manifestación ineludible y superior del derecho fundamental a la seguridad jurídica.

El principio de confianza legítima postula, en su esencia doctrinaria, que cuando la actuación continuada, formal y oficial de los poderes públicos ha creado en una persona interesada una confianza fundada y justificada en la estabilidad de sus actos previos, o en la vigencia y respeto de una determinada situación jurídica, dicha situación no puede ser alterada, desconocida ni modificada de forma imprevisible, intempestiva o arbitraria por el propio Estado. En el contexto riguroso del derecho de patentes, la inscripción, expedición del título y posterior publicación de un derecho en la Gaceta de la Propiedad Industrial genera el nivel máximo de confianza legítima concebible en el derecho administrativo.

Íntimamente ligado a este principio medular se encuentra la consolidada teoría de los actos propios del Estado, que encontramos en el aforismo latino venire contra factum proprium non valet. Esta doctrina establece que si una conducta jurídicamente relevante, emanada de una autoridad estatal, crea legítimas expectativas materiales a otra persona, el autor originario de la primera conducta no puede lícitamente contradecirla en una actuación posterior en perjuicio del administrado que confió en la validez del primer acto.

La seguridad jurídica objetiva, entendida en la jurisprudencia constitucional como la prerrogativa fundamental del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de zozobra, indefensión o incertidumbre regulatoria frente al ejercicio del poder público, depende de manera directa y proporcional del respeto irrestricto que las propias autoridades manifiesten hacia la publicidad registral.

La interdicción de la arbitrariedad, como mandato superior que rige a las democracias constitucionales, prohíbe terminantemente el ejercicio desmedido, ilógico, irracional o incongruente del poder público. Ignorar el propio registro nacional de patentes para facilitar, por inacción o deficiencia procesal, la entrada de terceros infractores al mercado es, sin lugar a dudas, la expresión más clara de la arbitrariedad administrativa. Destruye la previsibilidad regulatoria, compromete la estabilidad institucional del sistema de innovación en su conjunto, puesto que transmite un mensaje, casi disuasorio, a los agentes económicos y científicos:

el reconocimiento formal y la publicidad material del Estado no son garantía suficiente de protección económica material.

VII. Conclusión

La correcta conceptualización contemporánea de la figura del registro de patentes demanda una emancipación urgente de la visión burocrática, puramente instrumental y procedimental, que ha asfixiado históricamente su estudio. El registro de la propiedad industrial no tiene por objeto organizar únicamente información técnica pasiva de interés histórico, ni funciona teleológicamente como un inmenso depósito inerte de expedientes administrativos desprovistos de fuerza vinculante. Constituye, por el contrario, en su acepción más profunda, institucional y jurídica, la base sobre la cual se articula, se legitima y se sostiene el complejo sistema de expectativas económicas y jurídicas de una sociedad moderna. Al conferir oponibilidad y publicidad, el registro delinea de manera contundente las fronteras de la conducta económica lícita, incentivando el desarrollo tecnológico mientras garantiza, simultáneamente, la coherencia institucional del Estado en su conjunto frente a los gobernados.

El reconocimiento cabal de que la publicidad registral material se encuentra revestida de fe pública y provista de oponibilidad absoluta (erga omnes) implica asumir que esta figura impone deberes jurídicos irrenunciables. Estos deberes no solo pesan sobre los terceros competidores privados que participan en el tráfico comercial, exigiéndoles un deber de abstención; se dirigen, de manera primordial, ineludible y vertical, a la propia administración pública en su totalidad. Bajo el imperio del principio superior de unidad de actuación del Estado, resulta un contrasentido inaceptable que el aparato gubernamental fragmente artificialmente sus funciones reguladoras y permita que agencias distintas actúen deliberadamente en contra de la verdad legal, ignorando, menoscabando o limitando en la práctica los derechos que el propio Estado reconoció.